RAÚL GONZÁLEZ
PALENCIA. El Juzgado de Menores de Palencia acogerá mañana a puerta cerrada la vista del expediente abierto contra tres jovenes de 15 años, vecinos de Monzón de Campos, que han sido expedientados por un supuesto delito de acoso moral en el ámbito escolar y una falta de lesiones en la persona de un menor de 10 años, vecino de la misma localidad, cuya familia denunció los hechos ante la Guardia Civil.
En el informe remitido por la Fiscalía al juzgado de menores se indica que el menor supuestamente objeto de acoso escolar presenta «alteraciones leves de carácter emocional», fruto de casi un año de agresiones verbales, amenazas e insultos tanto en el ámbito escolar como en horas no lectivas. El abogado de la acusación particular, ejercida por la familia del denunciante, explicó ayer que «a mi cliente le han hecho la vida imposible no sólo los menores expedientados, sino otros miembros de la misma pandilla de gamberros que como son menores de 15 años no han sido expedientados», señaló Jaime Esquete.
Según el letrado, «la situación se ha calmado un poco en los últimos meses, gracias también a que algunos agentes de la Guardia Civil de Amusco frecuentan el colegio de Monzón de Campos a la entrada y a la salida para transmitir seguridad al menor agredido». Jaime Esquete desvela también que «en un principio los menores expedientados reconocieron los hechos, pero luego contrataron abogados y los negaron».
La acusación particular presentará como testigos para probar la existencia de acoso escolar cometido a la profesora del menor supuestamente agredido, a su tutor y al conserje del colegio de Monzón. También se presentará un informe psicológico elaborado por un gabinete que examinó al denunciante para probar la existencia de secuelas en el menor y la veracidad de lo que cuenta. Precisamente la enfermedad de la psicóloga que elaboró dicho informe podría hacer que la vista tuviera que aplazarse. La Fiscalía pide para cada uno de los tres expedientados 80 horas de servicio a la comunidad y cuatro fines de semana de permanencia en el domicilio. La acusación particular va más allá y solicita 30 fines de semana en un centro de menores por un delito de acoso y 50 horas de trabajos para la comunidad por una falta de lesiones. Por su parte, la defensa pide la libre absolución.
